La causa por el derrumbe del Carmel camina hacia el archivo

Los últimos afectados que reclamaban daños y perjuicios por el derrumbe del Carmel, hace ahora tres años, renunciaron formalmente a solicitar indemnizaciones, al haber sido ya resarcidos extrajudicialmente por la Administración. De esta forma, la investigación sobre el túnel que se vino abajo camina hacia el archivo.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) informó ayer de que la titular del juzgado de instrucción 33 de Barcelona formalizó ayer la renuncia a ejercer acciones penales y civiles de los últimos cinco letrados que representaban a perjudicados por el derrumbe del túnel que aún reclamaban. Esto, a efectos prácticos, significa que lo más posible es que se de carpetazo a la investigación judicial sobre la causa y posibles responsabilidades del hundimiento, por cuanto las víctimas potenciales del derrumbe se dan por satisfechas.

Según la información facilitada por el TSJC, la juez ahora espera cuál es el posicionamiento de la fiscalía y del Ayuntamiento de Barcelona (que estaba como perjudicado) a fin de decidir si continúa el procedimiento penal, si bien lo más posible es que ambas instancias consideren zanjado el asunto.

El túnel del metro que discurría debajo del barrio del Carmel, y que era la prolongación de la línea 5, se hundió el 27 de enero del 2005; dos edificios se vieron afectados y un total de 1.054 personas tuvieron que ser realojadas, pero no hubo que lamentar daños personales. En febrero, el juzgado 33 abrió la investigación sobre el suceso, figurando como denunciados la Generalitat de Catalunya y la empresa pública GISA, que sacó a concurso las obras realizadas y que estaba encargada de la gestión de la excavación. Ambas son defendidas por el despacho Jufresa y los estamentos públicos han conseguido llegar a acuerdos con los damnificados, que de esta forma han renunciado a proseguir con las reclamaciones en la vía judicial.

Este pacto con los últimos demandantes se produce a los tres años y cuatro meses del hundimiento, y tras un largo proceso penal que ha tenido como eje la elaboración de un peritaje. Este informe, entregado en el juzgado en junio del 2006, atribuyó el episodio, fundamentalmente, a la existencia de una falla no detectada, y que fue la causante de que el túnel del Carmel se viniera abajo.

El caso del Carmel causó numerosos reproches políticos y dio lugar a una comisión en el Parlament de Catalunya, que también, a grandes rasgos, terminó con conclusiones parecidas a las que expresaron los peritos judiciales. Pero, además, la sombra de lo ocurrido en este barrio ha flotado sobre toda las obras públicas que se emprendían en la ciudad.

Al margen de la cuestión moral, el Carmel ha tenido un coste económico alto. El pasado mes de febrero, el conseller de Economia de la Generalitat, Antoni Castells, respondía a una pregunta parlamentaria formulada por el diputado del PP, Rafael López, y explicaba que el hundimiento del túnel, en aquella fecha, ya había representado para las arcas del gobierno autonómico 88,7 millones de euros. En esta fecha, Castells facilitaba los siguientes datos sobre las inversiones principales: 35,04 millones de euros en indemnizaciones a personas y comercios afectados; 18,35 millones en dietas, gastos de hotel y de alojamiento de los afectados; 13, 38 millones en la anulación, estabilización, consolidación y el coste inicial de la cola de maniobras; 18,93 millones de euros para la deconstrucción, apuntalamiento, refuerzo de la cimentación; y otros 32,31 millones que se han destinado a obra civil y edificación.