El Ayuntamiento de Barcelona ha decidido retirarse del proceso judicial abierto por el hundimiento del túnel del metro en el barrio del Carmel y, de esta manera, renuncia a ejercer la acusación contra nadie. Sin embargo, se reserva la posibilidad de acudir a la vía civil para reclamar, si se estima conveniente en un futuro, indemnizaciones por los perjuicios ocasionados.El consistorio ha seguido, de esta manera, los pasos de las cinco acusaciones particulares que ejercían en nombre de varios afectados y que todavía estaban personadas en el proceso judicial abierto por el hundimiento del túnel de la L-5, el 27 de enero del 2005. Estos perjudicados acordaron hace unos días renunciar a continuar todas las acciones civiles y penales, y se retiraron de la causa.La jueza de Barcelona Elisabet Castelló, que investiga el suceso desde hace más de tres años, dio validez formal a esta renuncia y trasladó el asunto a la Fiscalía de Barcelona para que informe sobre la continuación o no del procedimiento. Fuentes de la fiscalía aseguraron ayer que todavía no se ha comunicado nada al juzgado y que, por lo tanto, formalmente no hay un posición oficial. Está previsto que en los próximos días la fiscalía notifique su decisión. Es decir, si continúa acusando o pide el archivo de las diligencias.Como las acusaciones particulares, de vecinos y comerciantes, y el ayuntamiento, que estaba comparecido en la causa como perjudicado, se han retirado del proceso y han renunciado a reclamar responsabilidades penales y civiles, en el supuesto de que la fiscalía considere que no hay delito y desestime seguir acusando, el proceso, tras tres años de investigaciones, se vería abocado al archivo. La justicia española se rige por el principio acusatorio y, por lo tanto, si nadie imputa a alguien la comisión de un delito el asunto debe ser, en principio, sobreseído.
LAS IMPUTACIONES
El túnel del metro que discurría debajo del barrio del Carmel, y que era la prolongación de la línea 5, se hundió el 27 de enero del 2005. El siniestro, en que no hubo que lamentar daños personales, afectó a 530 pisos habitados por 1.276 personas. Un mes después, en febrero, el Juzgado de Instrucción número 33 de la capital catalana resolvió abrir una investigación para esclarecer el suceso, figurando como denunciados la Generalitat y la empresa pública GISA, que sacó a concurso las obras realizadas y que estaba encargada de la excavación. La Administración llegó a un acuerdo con la mayoría de vecinos para pagar una indemnización.Las primeras imputaciones judiciales por el hundimiento del túnel del Carmel llegaron en febrero del 2006, poco más de un año después del derrumbe. La jueza Elisabet Castelló decidió ese mes citar a a declarar en calidad de imputados a cinco personas: dos responsables de la dirección de obra, encargada a una UTE (unión temporal de empresas) integrada por Tec-Cuatro y Geocontrol; a un técnico de obra de GISA, la empresa pública de la Generalitat responsable, en última instancia de todo el proyecto y la que contrató a tanto a los directores de obra como a los ejecutores; y, por último, a dos responsables de la UTE constructora de la línea 5 (integrada por las compañías FCC, Comsa y Copisa).
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